Vecinos que van a ser desahuciados revientan el congreso del PSOE balear: «¡Todo es mentira!»

Una decena de vecinos que van a ser desahuciados de forma inminente por el Ayuntamiento de Sant Josep (Ibiza), han irrumpido esta mañana en el congreso que los socialistas de Baleares están celebrando en la localidad mallorquina de Inca, y desplegado una pancarta en protesta por su desesperada situación.

Una de ellas, de en torno a 72 años de edad, ha proferido gritos en contra de los delegados socialistas presentes en la Fábrica de Can Ramis donde se celebra el congreso.

“¡Esto no es un partido de izquierdas, todo es mentira, me echan de mi casa!”, exclamó indignada. Entre los delegados socialistas presentes en el acto, estaba el ex alcalde de la localidad, Josep Mari Ribas, secretario general de la Federación Socialista de Ibiza y conseller balear de Vivienda.

Ribas permaneció impasible ante la presencia de sus vecinos, pese a ser el principal responsable político al que buscaban los afectados, para exigirle una solución ante la orden de desahucio fijada para el 17 de diciembre.

El incidente interrumpió el coloquio que, en torno a las 11 de la mañana, mantenían el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el secretario general del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, fue la encargada de hacerse cargo de la situación, ante la pasividad de los políticos socialistas ibicencos, y junto a los servicios de seguridad presentes en la sala, pudieron lograr que los  vecinos salieran del recinto.

Durante casi una hora, la también ex alcaldesa de Palma, estuvo dialogando con ellos logrando que se calmaran.

Los vecinos que han irrumpido en el congreso de los socialistas Baleares, son una representación de las 28 familias que aún residen en los apartamentos don Pepe de la localidad ibicenca de Sant Josep.

El último auto judicial daba luz verde al Ayuntamiento de esta población para proceder al desalojo del edificio, el próximo 17 de diciembre, alegando el riesgo de colapso de su estructura, extremo éste que los residentes niegan.

Los vecinos alegan que el inmueble puede ser rehabilitado, en contra de los informes municipales. Además la edificación se encuentra, en estos momentos, fuera de ordenación por lo que la ejecución de obras para su preservación no se contempla urbanísticamente. Sólo, en último extremo,  el Consejo de Ministros podría legalizar estos apartamentos, de manera excepcional y alegando razones de utilidad pública debidamente acreditadas, cosa que, por ahora, no ha sucedido para desesperación de los residentes.